mayo 21, 2025
El Grupo de Trabajo del CIP sobre Tierra, Bosques, Agua y Territorios participó en el lanzamiento oficial de CIRADR+20, que tendrá lugar en Colombia en febrero de 2026. La co-coordinadora del Grupo de Trabajo, Nury Martínez, destacó la importancia de la Conferencia para abordar los acuciantes problemas de acaparamiento y concentración de tierras, y avanzar hacia la soberanía alimentaria.
El 28 de abril de 2025, el gobierno colombiano lanzó oficialmente el proceso preparatorio de la Segunda Conferencia Internacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural (CIRADR+20), que tendrá lugar en Cartagena del 24 al 26 de febrero de 2026. El evento reunió a representantes de alto nivel de Brasil, México, Honduras, Sudáfrica y la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), y siguió a la aprobación de la propuesta de Colombia de organizar otra Conferencia, 20 años después de la CIRADR de 2006 en Porto Alegre, por parte del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial de la ONU y el Consejo de la FAO.
El Grupo de Trabajo sobre Tierra, Bosques, Agua y Territorios del CIP acogió con satisfacción el lanzamiento, tras haber pedido la organización de una Conferencia de este tipo desde 2022, para proporcionar un espacio multilateral urgentemente necesario para evaluar los avances en la gobernanza responsable de la tierra, la pesca y los bosques, y coordinar políticas públicas eficaces para abordar cuestiones apremiantes relacionadas con la tierra y otros recursos naturales, entre ellas: el acaparamiento de tierras y recursos; la creciente concentración de la tierra; el cambio climático, la degradación de la tierra y la pérdida de biodiversidad; la violencia contra los defensores de los derechos sobre la tierra; la discriminación contra las mujeres y las niñas; y los conflictos, la ocupación y la guerra.
En su intervención en el acto, la coordinadora del Grupo de Trabajo de la CIF, Nury Martínez, hizo hincapié en la necesidad de que la CIRADR+20 revitalice los esfuerzos multilaterales para garantizar una gobernanza responsable de la tierra y los recursos naturales, basada en los derechos humanos, la soberanía alimentaria y la justicia social y medioambiental. Más concretamente, manifestó la expectativa del Grupo de Trabajo del CIP de que la CIRADR+20 sirva de espacio crítico para:
- Analizar la dramática situación mundial de desposesión de comunidades, acaparamiento de tierras y recursos naturales, destrucción de ecosistemas a través del extractivismo y la creciente concentración de tierras en manos del sector empresarial y su élite asociada, los ultra ricos.
- Realizar una evaluación fáctica y participativa de los avances y retrocesos en el respeto, protección y promoción del derecho a la tierra y los territorios de los campesinos, pequeños productores de alimentos, Pueblos Indígenas, comunidades y trabajadores desde el primer CIRADR, la adopción de las Directrices de Tenencia y la adopción de instrumentos normativos como la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (DNUDPI), la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales (UNDROP) y la Recomendación General No. 34 sobre los Derechos de las Mujeres Rurales del Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW).
- Promover y apoyar procesos participativos de políticas públicas nacionales para responder a las realidades sobre el terreno, teniendo en cuenta la diversidad de contextos históricos y socioculturales. La CIRADR+20 debe proporcionar una concepción actualizada de la reforma agraria y la realización del derecho a la tierra y los territorios, junto con un compromiso claro de los gobiernos para avanzar en la realización de los derechos humanos, la soberanía alimentaria y la agroecología.
- Definir medidas concretas para asegurar la implementación de los resultados de la CIRADR+20 a través de mecanismos institucionales, incluyendo espacios multilaterales globales como la FAO y el CSA, y espacios regionales de coordinación multilateral. En concreto, estos mecanismos deberían proporcionar apoyo a los procesos nacionales y regionales para avanzar en las reformas agrarias y las políticas de tierras, promover la rendición de cuentas y establecer mecanismos para garantizar el seguimiento y la supervisión del cumplimiento por parte de los Estados de sus compromisos y obligaciones en virtud del derecho internacional de los derechos humanos y el derecho ambiental.
El Grupo de Trabajo del CIP sobre Tierra, Bosques, Agua y Territorios reitera su compromiso con la CIRADR+20 y hace un llamamiento a los Estados, la FAO y otras agencias de las Naciones Unidas, así como a los movimientos sociales, organizaciones de base y Pueblos Indígenas, para que apoyen y se comprometan en este proceso crítico.
El texto completo de la intervención de Nury Martínez está disponible aquí