agosto 28, 2025
De cara a la 11ª reunión del Órgano Rector del Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura (TIRFAA), el Grupo de Trabajo sobre Agrobiodiversidad del CIP publica un documento clave dirigido a todos los gobiernos que deseen abordar el problema de la biopiratería digital causada por el acceso abierto a la información de secuencias digitales (DSI) sobre los RFAA.
El documento presenta una serie de principios para un marco jurídico nacional que limite la continua violación de los derechos de los agricultores sobre las semillas, que hoy ocurre mediante la patentación de las DSI correspondientes a los componentes genéticos de los recursos contenidos en el Sistema Multilateral del Tratado.
Dado que las negociaciones internacionales en el seno del Tratado se encuentran bloqueadas desde hace muchos años por dos facciones opuestas, es necesario que las Partes Contratantes que realmente quieran resolver el problema actúen por su cuenta mediante leyes nacionales. Esto permitiría aplicar coherentemente la letra del Tratado, impedir la extensión abusiva de patentes a los rasgos nativos de las plantas y evitar la restricción del acceso facilitado a los RFAA que el país pone a disposición en el Sistema Multilateral.
La propuesta del CIP llega en un momento en que las partes contratantes están discutiendo una enmienda al Tratado que, de ser aprobada por el Órgano Rector, ampliaría el Sistema Multilateral a todos los recursos genéticos conservados en colecciones ex situ y en el dominio público. Esta medida, si no va acompañada previamente de la sujeción de los componentes genéticos digitales a las normas del Tratado, convertiría al TIRFAA en una herramienta de biopiratería al servicio de las empresas, facilitando la violación de los derechos de los agricultores en lugar de protegerlos y promoverlos.
Con este documento, el CIP hace un llamado a todas las partes contratantes a entablar un diálogo y una colaboración con las organizaciones campesinas y de Pueblos Indígenas para revertir esta tendencia y aplicar medidas jurídicas que protejan firmemente el acceso público a los RFAA y los derechos de los agricultores, garantizando que las DSI no puedan utilizarse para privatizar y expropiar lo que pertenece a los campesinos.