junio 3, 2025
En mayo de 2025, una delegación del CIP participó en la 13ª sesión del Subcomité de Acuicultura (COFI:AQ XIII). Esta sesión se centró en dar forma a la política mundial de acuicultura, especialmente en relación con las Directrices sobre Acuicultura Sostenible (GSA), aprobadas por el COFI en 2024. En el marco de la Hoja de Ruta de Transformación Azul de la FAO (2022-2030), las GSA se han convertido rápidamente en un punto de referencia central para las políticas acuícolas, estableciendo principios y prácticas que deben guiar el proceso de intensificación y expansión sostenible de la acuicultura a nivel nacional.
Sin embargo, el CIP expresó su preocupación al constatar que los Estados miembros del COFI:AQ XIII reafirmaron la necesidad de desarrollar la acuicultura industrial como solución para la seguridad alimentaria. Aunque las nuevas directrices adoptadas incluyen algunos elementos relacionados con la sostenibilidad ambiental de la acuicultura, persisten inquietudes sobre su impacto en la situación social y económica de las comunidades pesqueras.
La acuicultura es una de las industrias alimentarias de más rápido crecimiento en el siglo XXI. Según el informe SOFIA 2024, el consumo mundial de pescado de cultivo ha superado al de pescado capturado. En COFI:AQ XIII, muchos países mostraron su interés en invertir, ampliar o desarrollar su sector acuícola. Las discusiones abordaron la integración de la economía circular, alimentos acuícolas alternativos, asociaciones público-privadas, colaboración entre el ámbito académico, los Estados, los inversores y los productores, y la promoción de sistemas de co-gestión. También se reconoció la acuicultura a pequeña escala, especialmente en relación con la digitalización y el acceso a financiamiento para productores en países en desarrollo.
No obstante, las comunidades pesqueras y los movimientos de Pueblos Indígenas saben por experiencia que simplemente añadir la palabra «sostenible» a una industria orientada a la exportación, impulsada por el lucro y destructiva para el ambiente y las comunidades, no la convierte realmente en sostenible. Para el Grupo de Trabajo de Pesca del CIP y sus organizaciones miembros —a saber, el Foro Mundial de Pescadores y Trabajadores de la Pesca (WFF), el Foro Mundial de los Pueblos Pescadores (WFFP), el Consejo Internacional de Tratados Indios (IITC) y La Vía Campesina (LVC)— estos discursos son profundamente preocupantes. El consenso alcanzado en el COFI:AQ XIII, que posiciona la acuicultura como solución al cambio climático, la sobrepesca y la seguridad alimentaria, refleja una tendencia global a priorizar las industrias alimentarias orientadas al lucro sobre los medios de vida y la soberanía alimentaria de los pescadores artesanales y los Pueblos Indígenas.
Representando a millones de pescadores artesanales y Pueblos Indígenas en todo el mundo, el Grupo de Trabajo de Pesca del CIP ha alertado constantemente sobre lo que considera una expansión agresiva y sin control de la acuicultura industrial bajo el pretexto de la sostenibilidad. El CIP ha denunciado la creciente influencia de las corporaciones y el capital financiero en la formulación de políticas acuícolas. En muchos casos, los Estados han debilitado las regulaciones nacionales para favorecer el crecimiento industrial, socavando los derechos de las comunidades costeras e interiores. Las consecuencias son graves: desplazamiento de comunidades, erosión de los sistemas de tenencia consuetudinaria, negación del consentimiento libre, previo e informado, aumento de la pobreza y la marginación, y violaciones continuas de derechos humanos, todo lo cual contradice los principios de las Directrices Voluntarias para Asegurar la Pesca Artesanal Sostenible en el Contexto de la Seguridad Alimentaria y la Erradicación de la Pobreza (Directrices PPE) respaldadas por la FAO.
El CIP se opone firmemente al modelo de acuicultura industrial en monocultivo, advirtiendo que amenaza los ecosistemas marinos y de agua dulce. La contaminación generada por las granjas acuícolas —incluyendo antibióticos, pesticidas, plásticos y sustancias cancerígenas— está vinculada a la pérdida de biodiversidad, la creación de zonas muertas en los océanos y graves riesgos para la salud humana. Estos efectos perjudiciales estuvieron en gran medida ausentes del discurso entusiasta que presentó a la acuicultura como una oportunidad de “economía circular” y “desarrollo” en el COFI:AQ XIII. En dichas discusiones, la acuicultura fue promovida como una solución beneficiosa para todos, prometiendo mayores ganancias, seguridad alimentaria y respeto de los derechos humanos.
Nosotros, el Grupo de Trabajo de Pesca del CIP, hacemos un llamado a los gobiernos para que reviertan estas tendencias y tomen medidas inmediatas para proteger los derechos humanos, salvaguardar la tenencia consuetudinaria y los derechos colectivos, y prevenir la degradación ecológica de los ecosistemas marinos e interiores. Estas demandas no son nuevas: están alineadas con los compromisos que los Estados miembros de la FAO asumieron en 2014 al adoptar las Directrices PPE.
Por esta razón, el CIP ha revitalizado recientemente la estructura del Marco Estratégico Mundial para la Pesca en Pequeña Escala (PPE-MEM), con el objetivo de dar a los titulares de derechos un espacio para monitorear y orientar la implementación de las Directrices PPE. Colaborar con los gobiernos para implementar estas directrices a través de Planes de Acción Nacionales (PAN) es un paso crucial para reconocer el papel vital de la pesca en pequeña escala y de los Pueblos Indígenas en la gestión de ecosistemas y la protección de la biodiversidad, al mismo tiempo que se defienden los derechos humanos y se promueve la Soberanía Alimentaria.