21 de febrero de 2026
28 de febrero
CIRADR+20: Ultimo dia
Fue una copa amarga de tragar. No solo la que tomamos en el comedor del hotel esta mañana, sino también – y más metafóricamente – la que los gobiernos sirvieron a los Pueblos Indígenas y a los movimientos sociales el último día de esta Conferencia Internacional sobre Reforma Agraria y Desarrollo Rural (CIRADR+20). La declaración final fue bastante débil en cuanto a terminología y acciones, y tras una reunión de emergencia celebrada la noche anterior, el CIP decidiò de rechazarla.
El lenguaje sobre los Pueblos Indígenas era demasiado débil e incluso peligroso, colocándolos junto al resbaladizo concepto de “comunidades locales”. En el derecho internacional, los Pueblos Indígenas poseen derechos colectivos distintos –incluido el derecho a la autodeterminación, a la tierra, a los territorios y a los recursos– reconocidos en instrumentos como la DNUDPI, basados en su existencia precolonial y en su estatus jurídico específico. El término “comunidades locales” no tiene un estatus equivalente, claramente definido, en el derecho internacional y no conlleva los mismos derechos colectivos ni los mismos fundamentos históricos. Equiparar a los Pueblos Indígenas con las “comunidades locales” corre el riesgo de diluir o socavar sus derechos legalmente reconocidos al borrar este estatus distinto y rebajar los estándares de protección establecidos.
Esto era inaceptable para las organizaciones globales y regionales representadas por el CIP. Y entonces, aunque dedicamos palabras de gratitud a los gobiernos de Colombia y Brasil por haber vuelto a poner la reforma agraria en la agenda internacional, dijimos: no podemos aceptar la declaración y presentamos nuestra propia.
No porque rechacemos el diálogo. Al contrario, lo exigimos. Un diálogo de buena fe sobre los derechos indígenas, sobre los derechos de los pueblos pescadores y de los pastores, sobre los derechos de las mujeres y la justicia de género, sobre la agroecología como forma de vida, no como un arreglo técnico.
Reafirmamos los cuatro pilares que deben guiar una verdadera reforma: Redistribución, Reconocimiento, Restitución, Regulación. Juntos, forman la columna vertebral de una reforma agraria del siglo XXI arraigada en la soberanía alimentaria. La agroecología no es una línea de proyecto; es nuestra relación con la Madre Tierra, entre nosotros y con las generaciones futuras.
Esta noche, mientras las luces de la conferencia se atenúan, no estamos derrotados. Estamos organizados.
Más de 6000 organizaciones y 300 millones de productores de alimentos a pequeña escala se articulan a través del CIP. Llevamos los seis pilares de la soberanía alimentaria nacidos en Nyeleni. Llevamos luchas desde aldeas, costas, montañas y llanuras. Nuestra legitimidad no se mide en aplausos diplomáticos sino en la resistencia cotidiana de nuestras comunidades.
Mañana volvemos a casa.
A casa, a las asambleas bajo los árboles, a los botes de pesca al amanecer, a los rebaños cruzando rutas ancestrales. A casa para organizarnos, educar, resistir. La reforma agraria, la soberanía alimentaria y la justicia social y ambiental no serán concedidas desde los podios de las conferencias. Serán sembradas, defendidas y conquistadas.
27 de febrero
CIRADR+20: Día 4
Al margen del CIRADR20 en Cartagena, dos eventos paralelos organizados por el CIP y La Via Campesina crearon un espacio para que los movimientos sociales impulsaran propuestas concretas para una reforma agraria popular y global.
Los participantes subrayaron que la reforma agraria debe ir más allá de la redistribución de la tierra para abordar los territorios, las aguas, los bosques y los derechos colectivos. Campesinos, Pueblos Indígenas, pescadores artesanales, pastores, comunidades afrodescendientes y movimientos de mujeres pidieron políticas que defiendan la autonomía y frenen el control corporativo sobre los sistemas alimentarios.
Los debates destacaron los límites de los marcos de propiedad privada y la necesidad de reconocer la tenencia comunal y los diversos sistemas de gobernanza. Una vez más, los ponentes denunciaron el desplazamiento, la militarización, el acaparamiento de tierras, la degradación ambiental y la criminalización de las comunidades rurales.
Se hicieron firmes llamados a favor de la soberanía alimentaria, la agroecología, la justicia ambiental y la descolonización de los sistemas alimentarios. Las perspectivas feministas subrayaron los derechos de las mujeres a la tierra, al poder de decisión, al reconocimiento y a reparaciones por injusticias históricas.
Los participantes también exigieron responsabilidades por los desalojos forzosos y medidas reparadoras para las comunidades despojadas de sus territorios. A lo largo de los intercambios, los movimientos reafirmaron que una reforma significativa requiere un cambio sistémico y una participación activa en la configuración de políticas nacionales e internacionales.
Al comenzar el último día del CIRADR y ante la expectativa de una Declaración de los Ministros, el CIP insta firmemente a los responsables políticos a respaldar una reforma agraria transformadora basada en las demandas de los movimientos y sus logros en el derecho internacional.
La participación social fortalece la implementación
¿Cómo transformar acuerdos internacionales que no son jurídicamente vinculantes en políticas públicas concretas? Este diálogo reunió a expertos en seguridad alimentaria y nutrición, especialistas jurídicos, Pueblos Indígenas y campesinos, así como representantes gubernamentales.
Los participantes subrayaron que la participación social, como lo demostró el CONSEA en Brasil, es clave para vincular los acuerdos internacionales con acciones concretas. El panel también destacó que la FAO, el CSA y los Estados deben respetar plenamente la UNDRIP. Los movimientos sociales recordaron las “4R” de la reforma agraria: Reconocimiento, Reparación, Resistencia y Restitución, añadiendo una quinta “R”, revolución, entendida como el primer paso hacia la transformación de los sistemas alimentarios en modelos territoriales, agroecológicos y no corporativos.
El debate también subrayó que la reforma agraria no puede reducirse a la titulación de tierras o a la formalización de la propiedad; debe garantizar la permanencia territorial, el acceso colectivo a los recursos naturales y medios de vida sostenibles para los Pueblos Indígenas, campesinos, pescadores y pastores.
De la tierra al territorio: la cosmovisión en el derecho internacional
La tierra no es solo un activo productivo, sino un espacio intrínsecamente vinculado a los bienes comunes naturales, la espiritualidad y la vida colectiva. Representantes de Indonesia, América del Norte, América Latina, África y el Pacífico coincidieron en que el principal desafío sigue siendo la falta de garantías efectivas para la protección de los derechos sobre la tierra y el territorio, a pesar de su reconocimiento en instrumentos jurídicos internacionales como la UNDRIP.
Los panelistas también denunciaron la criminalización en curso de las personas defensoras de la tierra y de los derechos humanos, ilustrada por el caso de Daria Egereva, quien fue detenida en Rusia tras participar en la COP30, así como la falta de reconocimiento de los Pueblos Indígenas como titulares de derechos en varios países. En Kenia, por ejemplo, los Pueblos Indígenas siguen siendo clasificados como poblaciones marginadas o minorías, una práctica que se reproduce incluso en espacios multilaterales. Frente a estos desafíos, organizaciones campesinas, de pescadores y de pastores expresaron su solidaridad y reafirmaron un mensaje compartido: no puede haber reforma agraria sin los Pueblos Indígenas.
Feliz cumpleaños, FENSUAGRO!
Miradas campesinas sobre la reforma agraria se han proyectado en forma de documental audiovisual. La Mediateca Colombo Francesa ha albergado el lanzamiento de los 50 años de lucha de FENSUAGRO con este evento paralelo en el marco de la CIRADR+20. Un documental colaborativo desde la comunicación popular, co-creado entre FENSUAGRO y Mirada Rumiant (MiRu) en septiembre de 2025 en territorios de colombia.
26 de febrero
CIRADR+20: Día 3
Dos jóvenes se desplomaron repentinamente esta tarde en el Centro de Convenciones de Cartagena, causando conmoción entre las personas presentes. A su alrededor, hombres con trajes blancos de protección desenrollaron una cinta amarilla con la inscripción “peligro, no pasar”. Junto a las mujeres tendidas en el suelo colocaron frutas, productos alimentarios industriales y carteles de protesta.
“No podemos hablar de reforma agraria si no liberamos nuestro imaginario de los agrotóxicos, los organismos genéticamente modificados y el modelo agrícola que los sustenta”, denunciaron las y los activistas. Forman parte de la campaña Colombia Libre de Transgénicos. Este movimiento nacional lucha por proteger la biodiversidad, las semillas nativas y el derecho de las comunidades a una agricultura libre de OGM, y por afirmar la soberanía alimentaria del país. Tras un fallo histórico de la Corte Constitucional colombiana, que reconoció el riesgo de contaminación del maíz nativo por cultivos transgénicos, la campaña exige al gobierno nacional superar las barreras jurídicas y técnicas para salvaguardar eficazmente las semillas nativas y criollas.

Desde el auditorio
Seguramente menos impactante, pero igualmente rico en contenidos, la conferencia matutina titulada “Tierra, Alimentación, Trabajo y Vida” reunió a activistas, intelectuales y autoridades que compartieron experiencias en la construcción de la reforma agraria y el desarrollo sostenible en las zonas rurales. Estuvieron presentes representantes de Brasil, Colombia, Malí, China y Estados Unidos, así como la Ministra de Agricultura y Desarrollo Rural de Colombia, Martha Carvajalino, quien abrió la sesión destacando la importancia de los movimientos de todo el mundo para impulsar el debate global sobre la reforma agraria.
En otro panel sobre innovación para un uso justo de la tierra, representantes del CIP de Estados Unidos mostraron que el aumento de la concentración corporativa, el crecimiento de la deuda agrícola, la consolidación de tierras y las importaciones récord de alimentos están debilitando a los pequeños productores, profundizando las desigualdades y reduciendo la resiliencia rural. Actores corporativos y financieros impulsan adquisiciones masivas de tierras, a menudo mediante estructuras de inversión opacas, mientras los datos públicos sobre préstamos discriminatorios y propiedad de la tierra siguen siendo insuficientes. Una nueva ola de inversiones extractivas —como los centros de datos en zonas rurales— amenaza los recursos de tierra y agua, ofreciendo beneficios limitados a largo plazo para las comunidades locales.
El programa también incluyó un debate sobre mercados territoriales y comercio justo, donde ponentes del CIP reconocieron avances en políticas públicas, como la compra pública en algunos países, aunque la construcción de mercados justos sigue siendo periférica. Es crucial reconocer los diversos mercados territoriales más allá del GRAN mercado global, ya que son los que realmente alimentan a las personas y no solo generan ganancias. Para que prosperen, los países deben rechazar acuerdos de libre comercio como el UE-Mercosur.
Clima y biodiversidad
En una jornada repleta de eventos paralelos, los movimientos del CIP organizaron numerosos espacios. El día comenzó con un panel sobre clima, donde se subrayó que la justicia climática y la protección de la biodiversidad no pueden lograrse mediante modelos de conservación excluyentes que criminalizan a las comunidades pesqueras y desplazan a quienes han protegido históricamente los ecosistemas acuáticos. Se criticaron mecanismos de mercado como los créditos de carbono y la comercialización de la naturaleza por mercantilizarla en lugar de abordar las causas estructurales de la crisis climática. También se destacó el papel central de las mujeres campesinas como guardianas de semillas nativas y se denunció la desigualdad en la distribución de la tierra.
La discusión, en la que participó la Relatora Especial de la ONU sobre Cambio Climático Elisa Morgera, concluyó que una reforma agraria integral es condición previa para la justicia climática, la restauración de la biodiversidad, la soberanía alimentaria y una transición ecológica centrada en los pueblos.

Pesca en pequeña escala
El evento paralelo “Tierra, Agua y Derechos Territoriales Indígenas, Reforma Agraria y Pesca en Pequeña Escala” examinó por qué las comunidades pesqueras siguen excluidas de los sistemas de gobernanza alimentaria. Se destacó la falta de implementación de las Directrices para la Pesca en Pequeña Escala y la criminalización de comunidades indígenas, pesqueras y campesinas que defienden sus territorios. Se subrayó que el despojo persiste por la falta de reconocimiento de derechos territoriales colectivos y que la aplicación efectiva de las Directrices requiere participación colectiva significativa, financiamiento específico y su incorporación en la legislación nacional.
Pastoralismo
25 de febrero
CIRADR+20: Día 2
Más de 1.100 millones de personas, alrededor del 23% de la población adulta mundial, se sienten inseguras respecto a la tierra y consideran probable o muy probable perder los derechos sobre parte o la totalidad de sus tierras y viviendas en los próximos cinco años, y la tendencia está empeorando.
El primer informe sobre el Estado de la Tenencia y Gobernanza de la Tierra, presentado durante el evento principal del programa de hoy en la segunda Conferencia Internacional sobre Reforma Agraria y Desarrollo Rural (CIRADR+20), muestra que, aunque 2.500 millones de personas dependen directamente de la tierra, solo el 35 % de los derechos sobre la tierra están formalmente documentados. Con el 42 % de la tierra bajo sistemas consuetudinarios, en gran medida gestionados por Pueblos Indígenas, una parte significativa permanece fuera del reconocimiento formal. Sin embargo, esto no es un gran problema en la mayoría de las regiones del mundo. La propiedad consuetudinaria, ya sea colectiva o individual, incluso si no está documentada, puede fortalecer la seguridad de la tenencia. Esto es particularmente cierto en contextos donde los títulos individuales formales no son la norma. Por el contrario, la formalización, especialmente en forma de títulos privados, puede aumentar la inseguridad. En este contexto, las mujeres soportan el mayor peso de la creciente desigualdad: tienen menos probabilidades que los hombres de poseer o tener derechos seguros sobre la tierra, y la brecha de género es insoportablemente amplia.
¿Cómo llegamos hasta aquí?
El estado actual es resultado de distintas transformaciones históricas, ecológicas y sociopolíticas. Tras la Segunda Guerra Mundial, el proceso de descolonización y la reconfiguración del orden geopolítico abrieron el camino a reformas agrarias redistributivas en muchos países. Sin embargo, el retroceso impulsado por la globalización neoliberal, evidente a finales de los años 70 y acentuado en las décadas siguientes, fortaleció los mercados de tierras y privatizó los derechos de propiedad, bajo el argumento de que la propiedad privada de la tierra agrícola facilita la inversión, el desarrollo económico y la reducción de la pobreza, generando en realidad el efecto contrario. Aumentaron los desplazamientos, el acaparamiento de tierras se volvió la norma, y el enfoque depredador de las corporaciones multinacionales y grandes actores financieros llevó la violencia y la inseguridad territorial a otro nivel. En respuesta, surgieron movimientos agrarios transnacionales que organizaron a campesinos, Pueblos Indígenas y otros productores de alimentos a pequeña escala para enfrentar a sus oponentes globalizados mediante el diálogo político global. Esto condujo a la adopción de instrumentos internacionales como las Directrices sobre la Tenencia (VGGT), la UNDROP y la UNDRIP, que afirman principios y definen derechos colectivos de los pueblos sobre la tierra y los territorios. Desde la adopción de las VGGT en 2012, 71 países (36 % del total mundial) han emprendido algún tipo de reforma agraria. Sin embargo, rara vez los gobiernos van más allá de mencionar este instrumento. La falta de implementación concreta a nivel nacional sigue siendo el mayor desafío para lograr reformas agrarias verdaderas y transformadoras, que recuperen la tierra de los grandes intereses privados y la devuelvan a los productores de alimentos a pequeña escala y a los Pueblos Indígenas.
Esta es la misión a la que el CIP está llamando a los gobiernos e instituciones internacionales a asumir de una vez por todas. En las duras condiciones descritas, los productores de alimentos a pequeña escala continúan proporcionando alrededor del 80 % de los alimentos consumidos a nivel mundial, cultivando solo una parte de la tierra agrícola global. Este papel extraordinario está siendo erosionado cada día por políticas de mercado sobre la tenencia de la tierra y otros factores.
Voces de los eventos paralelos
Algunos de estos temas fueron discutidos en diferentes eventos paralelos durante el día.
En el panel sobre la lucha de las mujeres por la reforma agraria y los derechos laborales, las ponentes denunciaron las crisis globales cada vez más profundas, marcadas por el imperialismo intensificado, el neoliberalismo, el racismo, el conservadurismo y la violencia patriarcal, y cómo esto genera crecientes amenazas a los territorios, los cuerpos y los derechos colectivos. Las participantes reconocieron avances importantes logrados en colaboración con gobiernos progresistas, subrayando que siguen siendo frágiles e incompletos. Amparo Miciano Sykioco, de la Marcha Mundial de las Mujeres, y Souad Mahmoud, de la Alianza por la Soberanía Alimentaria de Oriente Medio y África del Norte, aportaron una perspectiva de base sobre el tema. “Nuestros cuerpos son nuestros territorios”, afirmaron, subrayando que defender los derechos de las mujeres es inseparable de defender la tierra y la soberanía alimentaria. También enfatizaron la necesidad de una reforma agraria integral, feminista y popular centrada en la sostenibilidad de la vida, la dignidad y el cuidado colectivo. Sin embargo, la reforma agraria no pondrá fin automáticamente a la violación de los derechos de las mujeres; es una condición necesaria pero no suficiente. Afortunadamente, siempre hay buenas noticias: los movimientos sociales continúan luchando por desmercantilizar la tierra, reafirmar que las mujeres no son mano de obra desechable, y demostrar que otro mundo no solo es posible: las mujeres rurales y sus comunidades ya lo están construyendo.
En un evento paralelo sobre trabajo rural, organización colectiva y diálogo social, Nestor Roche, del Foro Mundial de Pescadores y Trabajadores de la Pesca (WFF), destacó las principales brechas que afectan a la pesca artesanal y de pequeña escala, incluidos ingresos inestables, predominio de intermediarios, trabajo infantil, desigualdades de género, débil organización y gobernanza, y cambio climático. Subrayó que los pescadores a pequeña escala siguen marginados en los marcos económicos y políticos, a pesar de su papel crucial en la seguridad alimentaria y las economías locales. Roche afirmó que se necesitan políticas públicas que reconozcan y visibilicen a los pescadores, enfatizando que su inclusión en los procesos de reforma agraria es esencial para garantizar derechos, sostenibilidad y justicia social.
Como parte de la agenda oficial de la CIRADR+20, el Grupo de Trabajo de Pesca del CIP organizó un evento paralelo titulado “Pesca y Océanos: Derechos Colectivos, Cuidado de los Ecosistemas Acuáticos y Medios de Vida Dignos”. La sesión reunió a representantes de gobiernos, Naciones Unidas, la academia y movimientos sociales para abordar una pregunta central: ¿qué significa el derecho a los territorios para los pescadores en pequeña escala y los Pueblos Indígenas?
Las y los ponentes enfatizaron que la reforma agraria no puede limitarse a la tierra, sino que debe reconocer plenamente los territorios marinos, costeros y de aguas continentales como espacios de vida, cultura, producción de alimentos y gobernanza colectiva. También destacaron la importancia de implementar las Directrices de la FAO para la Pesca en Pequeña Escala y la UNDROP mediante un enfoque basado en los derechos humanos, garantizando el Consentimiento Libre, Previo e Informado, protegiendo a las comunidades frente al acaparamiento de océanos y la conservación excluyente, y reconociendo jurídicamente los sistemas consuetudinarios y colectivos de tenencia marina. El debate subrayó que sin asegurar los derechos territoriales acuáticos no puede haber una reforma agraria genuina, soberanía alimentaria ni transición ecológica basada en la justicia.
En el marco del panel “Sembrando la tierra del futuro: Juventudes rurales transformando sistemas agroalimentarios”, el CIP estuvo representado por MIJARC, que presentó una ponencia centrada en la urgencia de reconocer a las juventudes rurales como actores estratégicos en la construcción de sistemas agroalimentarios agroecológicos, resilientes y con enfoque sistémico; se subrayó que no puede haber transformación sin garantizar acceso a tierra, financiamiento, formación, participación efectiva y condiciones dignas para la permanencia en los territorios, afirmando que las y los jóvenes no son el futuro del campo, sino su presente organizado, capaz de sembrar justicia, arraigo y sostenibilidad para las próximas generaciones.
¿Cómo fortalecer la participación de los pueblos en la toma de decisiones y crear espacios para que puedan incidir en la formulación de políticas? La cuestión fue abordada durante un evento en el que movimientos sociales y otros panelistas evaluaron la distribución de la tierra, el agua y los territorios en el mundo, 20 años después de la primera CIRADR.
Los movimientos sociales propusieron hacer el Observatorio Global de la Tierra más inclusivo y participativo, fortalecer la participación de las comunidades pesqueras en los debates sobre la reforma agraria, posicionar esta agenda en otros espacios internacionales, incluidas las Convenciones de Río, garantizar la participación de los organismos de derechos humanos en futuras conferencias de la CIRADR y crear mecanismos participativos que ayuden a los pueblos a decidir cómo deben utilizarse los territorios, la tierra y el agua.
24 de febrero
CIRADR+20: Día 1
Para algunos, aumentar la productividad significa producir más alimentos por unidad de superficie; para nosotros, significa aumentar la tierra cultivada. Y esto significa aumentar la producción aumentando los productores, teniendo más campesinos y redistribuyendo el poder en la sociedad. Una estrategia que combate el cambio climático, reduce la inflación sin recurrir a medidas que asfixien la economía, crea empleo y devuelve a la humanidad a vivir en las zonas rurales en lugar de abandonarlas.
Este fue el núcleo del discurso pronunciado esta tarde por el presidente colombiano Gustavo Petro en el auditorio lleno del Cartagena Convention Centre, en la jornada inaugural de la CIRADR+20. Más de mil personas, en su mayoría pequeños productores de alimentos, corearon consignas como “Pedro, amigo, el pueblo está contigo” y “reforma agraria, urgente y necesaria”.
Al reformar la Constitución en 2023, el gobierno de Petro reconoció finalmente a los campesinos como sujetos de derechos, reconociendo también sus territorios y sus diversas formas de gestión de la tierra. La distribución desigual de la tierra agrícola es evidente en el país, donde 8 de cada 10 hectáreas están en manos del 1% de los propietarios. Esta concentración ha desplazado a más de ocho millones de personas – en su mayoría campesinos – de las zonas rurales, a menudo mediante la violencia. Sin embargo, todavía hoy las fincas de menos de dos hectáreas representan el 84% del total, pero cubren solo el 12% de la tierra.
En diciembre, el gobierno anunció que había asegurado 2,5 millones de hectáreas para la reforma agraria: 700.000 fueron asignadas al Fondo Nacional de Tierras y 446.000 fueron adquiridas mediante compra directa. El objetivo, en palabras de Petro, es llevar adelante una “reforma agraria pacífica”, comprando la tierra y redistribuyéndola a los campesinos.
La alianza con las organizaciones campesinas y de pequeños productores es crucial en este proceso, como subrayaron ministros de varios países: la colombiana Marta Carvajalino, el sudafricano Mzwanele Nyhontso y el brasileño Paulo Teixeira. Nury Martínez Silva, presidenta de FENSUAGRO (organización miembro de La Vía Campesina y del CIP), destacó en la sesión de apertura el papel de los movimientos de pequeños productores reunidos en el CIP para lograr resultados concretos. También instó a las autoridades a implementar estas medidas respetando los principios consagrados en la UNDROP, la UNDRIP y los marcos jurídicos internacionales que los movimientos del CIP han conquistado a lo largo de los años.
Junto al evento principal, el programa de la CIRADR+20 incluyó varios eventos oficiales paralelos y actividades simultáneas. Entre los oficiales, el CIP coordinó sesiones sobre juventud, mujeres y diversidad de género. La juventud afirmó claramente que quiere vivir en sus territorios, en una relación sana con la tierra y el agua, pero que está siendo despojada de los medios de vida agrarios por estructuras violentas de capital, poder y control, y a menudo se ve obligada a migrar. Para cambiar esta situación, los movimientos deben trabajar juntos para presionar a los gobiernos a adoptar políticas específicas para la juventud que reconozcan sus derechos y destaquen la importancia del relevo generacional.
La violencia, la discriminación de género y el patriarcado siguen dominando muchas zonas rurales del mundo, como se destacó en otros eventos. Si no se reforman las leyes arcaicas vigentes en algunos países, seguirán siendo uno de los mayores obstáculos para construir una verdadera equidad. Además, la ausencia de indicadores y datos sobre las Diversidades y su derecho a la tierra limita la comprensión de las realidades que enfrentan las comunidades LGBTIQ en las zonas rurales. Las instituciones carecen de sistemas adecuados para monitorear y procesar estos cambios de manera eficaz, señalaron los ponentes. Esta brecha perpetúa la exclusión e impide el acceso igualitario a los derechos sobre la tierra para las Diversidades.
La agenda de mañana abordará la reforma agraria desde diferentes perspectivas: trabajo, medio ambiente, clima, vida, justicia y más. ¡Manténganse atentos para más noticias!

23 de febrero
Foro de los Pueblos y Movimientos Sociales: Día 2
El Foro de los Pueblos y Movimientos Sociales concluyó su segundo día con la lectura en plenaria y la aclamación unánime de su declaración final. Esta declaración será presentada como la posición del IPC ante la Conferencia Internacional sobre Reforma Agraria y Desarrollo Rural (CIRADR+20), que comienza el 24 de febrero, como un mensaje claro de que los movimientos sociales no son observadores, sino protagonistas de la reforma agraria.
Descarga la declaración
Por la mañana, los debates regionales en grupos de trabajo permitieron obtener una perspectiva multifacética del tema. En todas las regiones, los movimientos reafirmaron que la reforma agraria no es un ajuste técnico, sino una lucha estructural por el poder, la dignidad y la soberanía territorial. Las y los delegados denunciaron el aumento del acaparamiento de tierras, el despojo verde y azul, la guerra, la deuda, la militarización y la captura corporativa de la gobernanza de la tierra. La concentración de tierras, el extractivismo, los agrotóxicos, los monocultivos y las finanzas especulativas continúan expulsando a campesinos y campesinas, Pueblos Indígenas, pastores y pescadores de sus territorios.
Los grupos regionales profundizaron los cuatro pilares de la reforma agraria – restitución, redistribución, reconocimiento y regulación – al tiempo que avanzaron nuevas dimensiones: reparación, representación, recursos y revolución. Los movimientos reclamaron derechos colectivos a la tierra, acceso igualitario de las mujeres a la tierra, participación de la juventud, consentimiento libre, previo e informado y la defensa de los sistemas consuetudinarios y comunales de tenencia. Exigieron presupuestos públicos, mecanismos vinculantes de rendición de cuentas y un cambio del diálogo político interminable hacia la implementación concreta de la UNDROP, la UNDRIP y las Directrices sobre la Tenencia.
Desde Palestina hasta Myanmar, desde los territorios mapuche hasta Asia Central, las voces denunciaron la violencia, la criminalización y las continuidades coloniales. Sin embargo, el Foro no fue solo un espacio de denuncia, sino también un espacio de estrategia. La agroecología, la soberanía alimentaria, las economías solidarias y el poder popular fueron afirmados como alternativas vivas que ya están transformando los territorios.
Como recordó al plenario el Ministro de Desarrollo Agrario de Brasil, Luiz Paulo Teixeira Ferreira, no podemos esperar otros 20 años. La reforma agraria debe estar ahora en la primera línea. Los movimientos se retiran unidos, organizados y decididos: la tierra es vida, y seguiremos luchando por ella.
Fotos del dia
22 de febrero
Foro de los Pueblos y Movimientos Sociales: Día 1
El primer dia del Foro de los Pueblos y Movimientos Sociales se abrió con un llamado fuerte y unificado de los líderes de los movimientos sociales a colocar la tierra y los territorios en el centro de la acción política global. En la mística de apertura, campesinos y campesinas, Pueblos Indígenas, pastores, pescadores y trabajadores rurales reafirmaron que los territorios no son mercancías, sino la base material y espiritual de la vida, la cultura y la supervivencia colectiva.
Los ponentes subrayaron que, pese a avances como las Directrices sobre la Tenencia, la UNDRIP y la UNDROP, el acaparamiento de tierras, el extractivismo y el despojo impulsado por la conservación se están intensificando, concentrando tierra, agua y bosques en manos corporativas mientras se criminaliza a las comunidades rurales.
Tres ministrxs colombianxs participaron en los paneles: Martha Carvajalino, Ministra de Agricultura y Desarrollo Rural; Irene Vélez Torres, Ministra de Ambiente; y José Daniel Rojas Medellín, Ministro de Educación. Destacaron el reconocimiento histórico del campesinado como sujeto de derechos y los esfuerzos en curso de reforma agraria, reconociendo fuertes resistencias y los límites de la redistribución actual. Representantes del gobierno denunciaron las “trampas” de la criminalización, las economías ilícitas y las políticas de conservación excluyentes, y propusieron reformas regulatorias para conciliar la protección ambiental con los medios de vida rurales.
Voces de base de África, las Américas y otras regiones enfatizaron el uso colectivo de la tierra, el derecho a la movilidad, las economías solidarias y la defensa de la pesca artesanal frente al control corporativo. Un hilo común atravesó las intervenciones: sin organización social fuerte, implementación de la paz y acción colectiva, no puede haber una reforma agraria transformadora.
En la sesión de la tarde, representantes de 11 organizaciones debatieron la situación de los derechos de las comunidades en sus territorios. Denunciaron un contexto global marcado por el fascismo, el imperialismo, la concentración del poder, la guerra y el acelerado despojo de tierras. Señalaron cómo el extractivismo, el control corporativo, los megaproyectos de energías renovables y las políticas de conservación profundizan el acaparamiento de tierras y la crisis alimentaria, desde Palestina hasta Sudán, Mongolia, Rusia y América Latina. También destacaron victorias y estrategias como la agroecología, la soberanía alimentaria y la economía social y solidaria, que busca romper barreras entre productores y consumidores, acortar cadenas y crear modelos de financiamiento solidario. Los pastores exigieron el reconocimiento de los derechos colectivos de pastoreo; los pescadores cuestionaron quién controla los territorios; las mujeres subrayaron que, aunque producen la mayor parte de los alimentos, poseen poca tierra y señalaron la gran contradicción de las sociedades patriarcales; la juventud reclamó acceso real a la tierra y límites a la concentración. Mohammed Abdel Rahman Salem Salimiya (Habitat International Coalition) cerró denunciando el genocidio en Palestina, junto con el acaparamiento de tierras y todo tipo de violaciones. Sin embargo, la resistencia no está rota: se practica mediante la construcción continua de movimientos sociales y gestos pequeños pero enormes, como plantar olivos. La plenaria respondió con una gran ola de solidaridad, coreando: “From the river to the sea, Palestine will be free!”.
La sesión final se dedicó a contextualizar la próxima Conferencia Internacional sobre Reforma Agraria y Desarrollo Rural (CIRADR), analizar los avances desde la primera conferencia en 2006 y presentar el documento de posición del CIP para CIRADR+20 como guía para abordar las brechas existentes.
Fotos del dia
21 de febrero
Movimientos sociales y pueblos indígenas se reúnen en Colombia para reclamar una reforma agraria real y transformadora
El Comité Internacional de Planificación para la Soberanía Alimentaria, a través de su Grupo de Trabajo sobre Tierra y Territorios, está coordinando la participación de organizaciones campesinas y de Pueblos Indigenas en la segunda Conferencia Internacional sobre Reforma Agraria y Desarrollo Rural (CIRADR+20), organizada por el Gobierno de la República de Colombia y que se celebrará en Cartagena, Colombia, del 24 al 28 de febrero de 2026.
Veinte años después de la primera CIRADR, la tierra, el agua, los bosques y los océanos están cada vez más concentrados en manos de corporaciones y actores financieros, impulsando el despojo, la desigualdad y el colapso ecológico. Productorxs a pequeña escala, Pueblos Indigenas, pastorxs, pescadorxs artesanales, mujeres rurales y trabajadorxs siguen siendo excluidos/as de sus territorios y de los espacios de toma de decisiones.
Por eso, antes de la Conferencia, el CIP está organizando un Foro de los Pueblos y Movimientos Sociales de dos días (22-23 de febrero), precedido por una Conferencia Académica que reunirá a investigadorxs y activistas académicxs.
Program of the Forum (EN) Programa del Foro (ES)
Estaremos cubriendo el evento actualizando esta página día a día. Si quieres leer más sobre nuestro trabajo, visita la página del grupo de trabajo del CIP sobre Tierra y Territorios o descarga el documento de posición del CIP sobre reforma agraria transformadora y desarrollo rural.
GT sobre Tierra Documento de posicion
